Este invierno lo volvimos a ver. En el norte, el centro y el sur, las emergencias por precipitaciones se enfrentaron con la herramienta del estado de emergencia, y funcionó. Se activaron recursos, se coordinó a los municipios, se protegió a la gente. Pero casi siempre lo hicimos igual: declarando cuando el evento ya estaba encima. Reaccionando, no anticipando.
Conviene separar los instrumentos que solemos meter en la misma bolsa. Están los que llegan con el evento ya en curso, para ordenar la respuesta. La zona afectada por catástrofe se declara por decreto según la Ley 16.282 y habilita facultades para comprar, contratar y reconstruir con mayor rapidez. El estado de excepción constitucional de catástrofe es otra cosa: lo contempla el artículo 41 de la Constitución, lo declara el Presidente y pone la zona bajo un Jefe de la Defensa Nacional. Son paralelos, se puede declarar uno sin el otro, pero comparten un rasgo. Casi siempre llegan con el daño ya avanzando. Distinto es el estado preventivo de emergencia, el que se declara antes, cuando todavía no ocurre nada, para que el territorio llegue preparado. Ese es el que de verdad cambia el resultado, y es el que menos usamos.
Un aviso que llega el día antes no es prevención. La preparación de un territorio no se improvisa en veinticuatro horas. Un municipio necesita margen para gestionar recursos, activar convenios, posicionar brigadas y coordinar con los servicios. Declarar tarde convierte la prevención en respuesta, y la respuesta siempre es más cara, en dinero y a veces en vidas.
Con la lluvia, ese margen corto tiene una explicación. Un sistema frontal se ve venir con pocos días, a veces con horas, y la ventana para decidir es estrecha por la naturaleza misma del fenómeno. No siempre se puede declarar con más tiempo, aunque se quiera.
Con los incendios forestales pasa lo contrario. La temporada no es una sorpresa. En este caso se visualiza claramente que viene, cuándo empieza y qué zonas concentran el mayor peligro. Este es el caso donde de verdad se puede aplicar un estado preventivo de emergencia, declarado desde ahora, mucho antes del primer foco. No para alarmar, sino para dar tiempo. Y aquí el tiempo sobra, si se decide usarlo.
Lo que viene lo pone a prueba. La temporada 2025-2026 nos dejó los incendios de enero en Ñuble y Biobío, y el estado de excepción de catástrofe se decretó, otra vez, con el fuego ya avanzando. La que viene ahora, la 2026-2027, ya fue advertida por la CONAF como un periodo preocupante, con temperaturas al alza. No partimos de cero. Sabemos lo que puede pasar.
Y no es solo Chile. En el Hemisferio Norte, donde la temporada ocurre en el verano boreal, este 2026 volvió a ser extremo, con grandes incendios en España y el sur de Europa. El año anterior había puesto el techo: en 2025 la Unión Europea vivió su peor temporada registrada, con más de un millón de hectáreas quemadas. Canadá viene de dos veranos seguidos en cifras extremas, con su récord histórico en 2023. No son datos para asustar. Son datos para prepararse.
El momento de declararlo es ahora. Un estado preventivo de emergencia decidido con semanas o meses, y no cuando ya hay humo en el cielo, le da a cada municipio la ventana que necesita para actuar antes del primer foco: cortafuegos, despeje de vegetación, disponibilidad de agua, brigadas posicionadas, comunidades avisadas. Un aviso a tiempo no garantiza que no haya incendios. Garantiza que, cuando ocurran, el territorio esté en mejores condiciones para enfrentarlos. Esa diferencia se cuenta en hectáreas que no se queman y en casas que siguen en pie.
El éxito de una decisión preventiva es difícil de ver, porque se mide en el desastre que no ocurrió. Nadie le toma una fotografía a un incendio que no se propagó. Pero esa foto que no existe es, al final, la medida de una buena gestión del riesgo. Ojalá esta temporada podamos tomar muchas de esas fotos que nadie verá.
Álvaro Hormazábal López
Ex Director Nacional de SENAPRED. Fundador de Resiliencia Chile.
