Desde la tarde del 8 de octubre, cuando el flujo bajó por General Blanche y Quebrada Honda en San Carlos de Apoquindo, han aparecido en medios y redes muchas voces expertas en gestión del riesgo de desastres. Se ha dicho que existían estudios, que la zona estaba identificada como de riesgo y que lo ocurrido se veía venir. Puede que todo eso sea cierto, pero la conversación está dejando fuera la pregunta de fondo.
En Chile, el instrumento que debe recoger esa información y transformarla en decisiones tiene nombre: el Plan Comunal para la Reducción del Riesgo de Desastres. Ahí deben quedar identificadas las amenazas del territorio, la exposición de personas y bienes, y sus vulnerabilidades. Y ahí, en las fichas de acciones estratégicas, deben quedar las medidas concretas para reducir ese riesgo, con responsables, plazos y financiamiento.
Por eso, más que sumar opiniones sobre lo que se sabía, conviene abrir el plan y hacerse dos preguntas.
La primera es si el plan logró identificar y reunir en un solo instrumento la amenaza asociada a las quebradas del sector, junto con la exposición y la vulnerabilidad que hoy quedaron a la vista. Y en particular, si incluía la cartografía de las zonas de inundación y de flujos de barro, con mapas que mostraran qué calles, viviendas y equipamiento estaban dentro del área que podía ser alcanzada. Sin ese mapa, el riesgo queda descrito en palabras pero no ubicado en el territorio, y lo que no está ubicado difícilmente se puede evacuar, restringir o proteger. Un estudio guardado en un cajón municipal o en una universidad no reduce riesgo; lo reduce cuando entra al plan y obliga a alguien a hacer algo.
La segunda es si las fichas de acciones estratégicas proponían herramientas reales para disminuirlo: obras, mantención de cauces y sistemas de evacuación de aguas, alerta temprana, restricciones al uso del suelo, trabajo con la comunidad. Acciones que se puedan medir.
Las respuestas abren dos escenarios muy distintos.
Si la amenaza estaba en el plan y había acciones definidas para enfrentarla, aunque todavía no se ejecutaran porque su plazo no había llegado, el instrumento cumplió su función. Lo que faltó fue tiempo, recursos o velocidad de implementación, lo que sigue siendo serio, pero indica que la comuna iba por el camino correcto. Lo mismo vale si al menos la amenaza estaba bien desarrollada, aunque las acciones fueran insuficientes.
Si la amenaza no aparece en el plan, o aparece mencionada sin ninguna acción que se haga cargo de ella, estamos frente a un problema grave. Significaría que el plan se hizo para cumplir con la exigencia legal y no para gestionar el riesgo de la comuna: un documento aprobado, con todas sus firmas, pero sin capacidad de cambiar nada en el territorio.
La pregunta vale para todo el país. La Ley 21.364 obligó a las comunas a contar con estos instrumentos, y muchas los elaboraron con plazos estrechos y equipos reducidos. Lo ocurrido es una buena ocasión para que cada municipio relea su propio plan pensando en la quebrada, el estero o la ladera que tiene más cerca.
Después de cada desastre sobran quienes sabían lo que iba a pasar. Lo que importa es si ese conocimiento quedó escrito en el instrumento que obliga a actuar, porque el riesgo que no está en el plan, para la gestión pública, simplemente no existe.
Este análisis se complementa con lo que escribí sobre el aluvión de San Carlos de Apoquindo desde la prevención, y sobre por qué el daño se podía prevenir aunque el momento no se pudiera predecir.
