La mayoría de los planes comunales para la reducción del riesgo de desastres que he revisado en Chile están bien escritos. Tienen diagnóstico, tienen amenazas priorizadas, tienen objetivos. Y no pasa nada con ellos.
El problema casi nunca es la redacción. Es que el plan termina donde debería empezar: describe lo que hay que hacer y se queda callado en las dos preguntas que deciden si algo va a ocurrir. Cuánto cuesta. Quién lo paga.
El viernes pasado cerramos en Huépil la etapa de validación del Plan Comunal para la Reducción del Riesgo de Desastres de Tucapel, presentando el estado de avance final ante el Concejo Municipal y el COGRID comunal. Lo que llevamos a esas dos mesas no fue un diagnóstico. Fue una cartera.
Presentación del estado de avance final del PCRRD de Tucapel ante el Concejo Municipal, en Huépil.
Diecinueve acciones con monto y con fecha
El plan de Tucapel para el período 2026-2029 identifica diecinueve acciones estratégicas por una inversión estimada de 1.054 millones de pesos, con ejecución entre marzo de 2027 y diciembre de 2029. Cada acción tiene su ficha: qué compromete, qué productos entrega, con qué medios se verifica, en qué plazo y con cargo a qué fuente.
La cartera completa, acción por acción, con monto y período de ejecución.
Ocho de esas diecinueve están marcadas como urgentes. Habilitación de rutas de emergencia y evacuación, radiocomunicación VHF, estanques autosoportados de agua, seguridad hídrica para los sistemas sanitarios rurales, cortafuegos y manejo de combustible, un centro comunal de emergencias, un puesto de mando desplegable, prevención del hantavirus.
No son ocurrencias de escritorio. Salen de las amenazas que la propia comuna priorizó y de lo que los servicios saben que falta cuando hay que responder.
Lo que se discutió en la mesa
La conversación que importa no es la del diagnóstico. Es la que se produce cuando en la pantalla aparece una tabla con montos y el jefe de un departamento municipal reconoce que esa acción es suya.
Revisión de las fichas de acción estratégica con el COGRID comunal.
Ahí la discusión cambia de naturaleza. Se deja de hablar de riesgo en abstracto y se empieza a hablar de una ruta que hoy no soporta un camión de emergencia, de una frecuencia de radio que hay que pedirle a SUBTEL, de un sistema de agua rural que en el próximo verano va a quedar corto. Y aparece la pregunta incómoda de todas las reuniones de gestión del riesgo en Chile: con qué plata.
Por eso el plan de Tucapel llegó con las fuentes ya trabajadas. El Gobierno Regional del Biobío concentra la mayor parte de la cartera. CONAF por el frente de incendios forestales. La Dirección de Obras Hidráulicas del MOP por los servicios sanitarios rurales. La SEREMI de Salud por vigilancia epidemiológica y salud mental. Vialidad por conectividad. Empresas generadoras presentes en el territorio por lo que les corresponde en responsabilidad socioambiental.
Ninguna de esas fuentes está comprometida todavía. Lo que hay es una identificación técnica de por dónde corresponde postular cada acción, que es una cosa distinta y mucho más útil que un anexo con la palabra «por definir».
El plan queda en condiciones de ser remitido
Con la presentación ante el Concejo y el COGRID, el instrumento cierra su etapa de validación local y queda en condiciones de ser remitido a SENAPRED para su revisión técnica.
Vale la pena detenerse en ese orden, porque se confunde seguido. SENAPRED revisa, observa y recomienda técnicamente. Pero el plan no es de SENAPRED. Es del municipio, y quien lo va a ejecutar es la estructura comunal con los servicios que se sientan en el COGRID. Un plan que llega a revisión sin haber pasado por esas dos mesas puede quedar impecable en formato y seguir siendo ajeno a quienes deberían activarlo.
La Ley 21.364 obliga a cada comuna del país a contar con estos instrumentos. Eso ya está resuelto en el papel. Lo que no está resuelto es la brecha entre tener el plan y tener la capacidad de ejecutarlo, y esa brecha se cierra con presupuesto, con responsables designados por nombre y cargo, y con un seguimiento que alguien en el municipio tenga la obligación de hacer.
Lo que deja Tucapel
Trabajamos varios meses con el equipo municipal y con los integrantes del COGRID comunal. Hubo talleres, revisión de fichas, discusiones sobre qué entraba y qué no en la cartera, y bastante insistencia de nuestra parte en no aceptar acciones sin costo asociado.
Agradezco esa disposición, porque es más fácil firmar un documento genérico que someterse a una lista donde cada línea tiene un monto y un plazo que después se puede revisar.
Lo que viene ahora es lo difícil y no depende de nosotros. Las diecinueve acciones tienen que convertirse en proyectos postulables, y los proyectos en ejecución. La comuna tiene hasta marzo de 2027 para llegar con las primeras ocho en carpeta.
Un plan de reducción del riesgo no se mide por su calidad documental. Se mide el día que hay una emergencia y alguien busca la ruta de evacuación que el plan decía que iba a estar habilitada.
