A horas de una nueva conmemoración del terremoto y tsunami del 27 de febrero de 2010, es inevitable detenerse a hacer un balance honesto de dónde estamos como país en materia de gestión del riesgo de desastres.
Sería injusto no reconocer los avances. Chile ha mejorado de manera innegable: contamos con mejores sistemas de alerta temprana, una institucionalidad más robusta con la creación de SENAPRED, marcos normativos más desarrollados y una ciudadanía más consciente de los riesgos que habitamos como territorio.
Pero la honestidad obliga a decir también lo que aún no funciona.
Seguimos arrastrando fallas estructurales profundas que nos impiden construir un sistema verdaderamente coordinado de prevención, mitigación, respuesta y rehabilitación. Trabajamos con compartimentos estancos, sin una visión de conjunto que integre a los actores del nivel nacional, regional y local en torno a un propósito común. Lo que funciona, muchas veces funciona no porque el sistema esté bien diseñado, sino por la voluntad y el compromiso personal de quienes lo operan. Y eso, seamos claros, no es un sistema: es una apuesta.
La voluntad política que aún no llega
El problema de fondo es que superar estas brechas requiere voluntad política sostenida, y esa voluntad aún no se ve con la claridad y consistencia que la magnitud del desafío demanda. La gestión del riesgo de desastres sigue siendo percibida como un tema relevante solo cuando ocurre la tragedia, y no como una política de Estado permanente, transversal y con recursos reales.
Y hay algo más que necesitamos decir con fuerza: necesitamos tener la capacidad real de cuestionar a las autoridades cuando no cumplen.
Responsabilidad y rendición de cuentas
No puede seguir siendo tabú señalar que tal o cual alcalde o alcaldesa no cumplió con su deber en materia de gestión del riesgo de desastres. Que no elaboró el Plan de Emergencia Comunal, que no capacitó a su comunidad, que no ejerció el rol que la ley le encomienda. La cuenta tiene que pasarse, y tiene que pasarse en el momento oportuno, no solo cuando ya hay víctimas que lamentar. La rendición de cuentas no puede ser optativa en un país sísmico como el nuestro.
Deudas técnicas que no pueden seguir esperando
Y mientras debatimos lo político, las deudas concretas se acumulan. Estamos al debe en la renovación del sistema SAE. Estamos al debe en desplegar un sistema de alerta temprana con sirenas para todo el territorio nacional, no solo para tsunamis y no solo en algunas regiones privilegiadas. El riesgo no discrimina por latitud ni por tamaño de ciudad, y la protección tampoco debería hacerlo.
¿Y qué decir de los radares meteorológicos? ¿Vamos a esperar una nueva emergencia por precipitaciones extremas, con pérdidas de vidas humanas, para tomar la decisión que ya debería estar tomada?
El 27F nos costó más de 500 vidas y pérdidas incalculables. Nos dejó una deuda con las generaciones que vienen. Honrar esa memoria no es solo recordar lo que pasó: es tener el coraje de decir lo que todavía no hemos hecho, señalar a quienes no han cumplido, y exigir que las decisiones que se postergan se tomen hoy, antes de la próxima tragedia.
Seguimos trabajando. Pero Chile puede y debe hacerlo mucho mejor.
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